Desde la sede de Gobierno se desató una fuerte controversia tras conocerse versiones que apuntan a que la alcaldesa de El Alto y líder de la agrupación MORENA, Eva Copa, habría negociado la sigla de su organización con la agrupación EVO PUEBLO, vinculada al expresidente Evo Morales.
Según fuentes políticas y comentarios difundidos en redes sociales, la supuesta transacción habría alcanzado un monto cercano a 5 millones de dólares, cifra que, de confirmarse, constituiría uno de los acuerdos políticos más polémicos de la antesala electoral rumbo a las elecciones subnacionales de 2026.
En diversas plataformas digitales circularon fotografías y mensajes que darían cuenta de reuniones y entendimientos entre emisarios de ambas agrupaciones. Aunque ninguna de las partes ha ofrecido una explicación oficial, la difusión del contenido ha generado críticas y dudas sobre la transparencia de estos procesos.
Sectores políticos y analistas señalan que, de comprobarse la negociación, este hecho evidenciaría una estrategia de Evo Morales para ampliar su presencia territorial y reposicionar su estructura política ante un escenario electoral competitivo. La presunta compra de la sigla MORENA permitiría a EVO PUEBLO superar trámites administrativos y habilitar candidaturas en distintos municipios del país.
Por su parte, la presunta participación de Eva Copa en la venta de la sigla abre un debate sobre la ética política y el uso de plataformas ciudadanas con fines comerciales. Copa, considerada una figura emergente en el occidente del país, enfrenta cuestionamientos por una acción que, según voces críticas, desvirtúa la naturaleza de las agrupaciones ciudadanas creadas para promover representación popular, no para su negociación.
A la fecha, no existe una confirmación o desmentido oficial de parte de Copa ni de Morales. Sin embargo, la polémica continúa escalando y la ciudadanía exige aclaraciones ante un hecho que, de ser verificado, podría implicar responsabilidades políticas e incluso legales.
Mientras tanto, el clima preelectoral en el país vuelve a encenderse, marcado por denuncias, disputas internas y estrategias de poder que ponen en evidencia la fragilidad y la disputa por el control de las siglas políticas en Bolivia.
